Nota en el ámbito

28/8/2017

El desafío es concertar y articular políticas públicas

 La economía informal es un fenómeno persistente y estructural, característico del nuevo modelo de producción a nivel global. Su consecuencia es la desprotección de derechos de los trabajadores que se emplean en ella y su desempeño y evolución afecta los estándares laborales del sector formal.

La evolución de la producción a nivel global introdujo una categoría que transgrede el modelo del empleo como promotor de la justicia social: los trabajadores pobres.

Las condiciones de trabajo y la precaria institucionalidad que fueron adquiriendo estas unidades económicas, sometiendo a trabajadores a sub estándares de derechos laborales, sociales y sindicales; colocaron el tema en la Agenda de la OIT.

En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, surge del consenso tripartito, la Recomendación 204, cuyo título marca el camino pretendido: "La transición de la economía informal hacia la economía formal". 

Este instrumento va más allá de identificar los déficits de trabajo decente: promueve directrices a los Estados para generar el empleo productivo, la extensión de la protección social a trabajadores no cubiertos por los sistemas del seguro social tradicional y el control sobre las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo.

El trabajo en la economía informal se torna invisible a la legislación protectoria y bajo el imperio de un modelo de acumulación económica - que tiende a la concentración y a la atomización de la provisión de insumos, como estrategia dominante - es esperable que la proliferación de unidades económicas de menor tamaño crezca al amparo de la ilegalidad laboral.

Este hecho hace que más trabajadores se vean obligados a aceptar condiciones de la precarización laboral como medio de vida, al margen de las instituciones laborales que fueran conquistas de la lucha sindical, hoy con rango internacional.

Situación que se agrava en los jóvenes que no tienen oportunidades de acceder a trabajos genuinos y de calidad. 

El trabajo no registrado desde la visión de los trabajadores, es una parte de la precariedad laboral, pues debe considerarse la problemática de los trabajadores monotributistas, independientes, relacionados con pequeñas unidades productivas sin registración tributaria, que no gozan de los derechos protectorios propios del trabajo decente.

El desafío es concertar y articular políticas públicas que, a través del diálogo social, busquen transformar estas unidades productivas y a los trabajadores al sistema de relaciones laborales; extender la negociación colectiva a diversas ramas de actividad; ampliar y universalizar la cobertura de los sistemas de Seguridad Social. 

En este sentido, la CGT promueve alianzas estratégicas con sectores sociales vinculados al trabajo para que sea la justicia social la vara para medir los estándares de todos los trabajadores, sin desconocer la complejidad y la heterogeneidad que presenta la informalidad.